Nota de opinión: Marcelo "Chelo" Moriconi
Las motos que han sido secuestradas y que nunca fueron retiradas por sus titulares están siendo sometidas a compactación. Serán un total de 3500 aseguraron desde la secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia local que conduce Darío Ganduglia, funcionario del gobierno que encabeza Julio Garro. Llama la atención que
no exista un programa que dote de estos elementos al personal municipal, referentes
sociales, profesores o maestros que realicen tareas sociales para la comunidad.
Hoy un
administrador comunal, un empleado que cumple funciones de control, un
representante social que atiende un comedor o un profesor que capacita niños en
un centro comunitario, que no tienen una movilidad: deben apelar al servicio público
para trasladarse. No existen viáticos, sale de sus bolsillos.
Un capataz de una
delegación, que no es más ni menos que un empleado municipal que cobra alrededor
de 26 mil pesos mensuales, no tiene los medios para movilizarse para cerciorar
las obras que los empleados están llevando a cabo en las extensas dimensiones
de las localidades. Si recorre lo hace en autos particulares.
Hoy el Municipio
anuncia como un logro la compactación de 3.500 motos secuestradas. Lo mide por
toneladas. Resalta que serán 12 mil kilos de “chatarra” de vehículos
secuestrados o abandonados. En un país donde todo falta y nada abunda, la
Municipalidad de La Plata termina tirando materiales que podrían tener otro
destino.
Seguramente habrá
que corregir ordenanzas, crear espacios, legislar opciones. Si no tenemos un
Concejo preparado para tal fin, por favor, cerremos todo. Si el intendente no
tiene las facultades para crear un programa que atienda las necesidades de los
trabajadores municipales que deben pagar de sus bolsillos los desplazamientos
en función de las órdenes emanadas, algo estamos haciendo mal.
Ni los aceites, ni
las naftas de las motos son usados. No deben ni servir para las bordeadoras ni
para que funcionen las maquinarias, ni para lavar las herramientas. Hay que seguir
comprando. Así que para “liberar los espacios ocupados por estas motos, ya que
revisten un peligro ambiental importante”, tiramos todo. Porque ser recuperan “los
espacios públicos” y se genera “la disminución de los niveles de contaminación
y la reducción de focos infecciosos” como sostienen desde la intendencia.
Hay un impedimento
legal seguramente. Pero estamos en condiciones como ciudad, provincia o país de
estar rompiendo, compactando y tirando unidades que podrían favorecer el
traslado de trabajadores para que una comunidad logre mejores condiciones de
vida. Seguramente que no.
Una flota de
unidades destinadas para tal fin. Individualizadas con un color determinado, un
número que lo identifique, con un convenio de por medio con la persona asignada
que se hará cargo del pago de un seguro y que cumplirá con las normas
establecidas para circular. No es tan difícil. Hay que hacerlo.
Brindar la posibilidad de crear un pañol donde estas mismas
personas puedan acceder a repuestos, que serán retirados de aquellos vehículos
que no estén en condiciones de funcionar, no creo que sea tan difícil. Es más,
por qué no soñar con un taller municipal que genere trabajo y sea una solución.
Seguramente supondrá un paso hacia adelante a adelante y no diez para atrás como
aparece a simple vista la medida de compactación.
Reitero. Sé que hay un proceso legal. Existen normas y
ordenanzas que cumplir. Pero también repito. Si no tenemos las personas capacitadas
para reformular estos imponderables, algo estamos haciendo mal.
He visto perder en estos operativos de control a cientos de
trabajadores las motos en la que iban a trabajar. Flojas de papeles, sin
permisos, sin documentación, sin patentes. No podía estar circulando y fue así
que se las sacaron.
Poco hicimos como Estado para contemplar lo que allí pasaba.
Esos vehículos pasaron a ser una carga, se miden por peso, se compactan y
tiran. Al menos, deberían volver para mejorar la vida de todos los platenses.