El concejal por el Partido GEN, Gastón
Crespo reiteró un pedido de informes sobre la situación de la gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el Concejo Deliberante local, motivado por un
informe elaborado por ONG’s y ambientalistas sobre el deficiente sistema de
recolección de la basura.
El concejal opositor volvió a la carga a la
carga con un tema que viene trabajando desde hace años y resaltó que la
situación “se profundiza a pesar de los cambios de gobierno y de sistemas de
gestión de residuos”.
Al respecto,
Gastón Crespo refirió que “a pesar de los diferentes slogans utilizados, la
realidad es que la gestión de residuos en nuestra región continúa siendo un
verdadero caos, con canteras, basurales y microbasurales en distintos barrios y
un sistema de recolección que no respeta las condiciones básicas del servicio”.
De este
modo, junto a los vecinos y ambientalistas, volvieron a reiterar el pedido de
clausura de las canteras de Hernández (calle 514 e/25 y 31) y la de Altos de
San Lorenzo (calles 19 y 85). En el comunicado compartido se destaca que “se
siguen enterrando residuos no habituales (ramas, recolección del barrido,
bolsas vedes de algunas Delegaciones, y otros tipos de RSU) en forma ilegal,
poniendo en serio riesgo no sólo los recursos naturales, sino también la
sanidad de la población circundante”.
Asimismo,
advierten por “la contaminación que puede ocasionarse en las napas de aguas
subterráneas producto del percolado de los líquidos lixiviados provocado por
los RSU enterrados en el lugar”.
Por todo
ello, el concejal del GEN insistió en la importancia de que “la Comisión de
Control y Seguimiento pueda cumplir efectivamente sus funciones, así como
debemos contar con estadísticas reales sobre la gestión de residuos en nuestra
región e implementar el Programa Permanente de Educación Ambiental que tampoco
se encuentra operativo”.
Para finalizar,
Crespo respaldó la presentación de la referente de su espacio político,
Margarita Stolbizer, quien solicitó en la Justicia que se declare la
inconstitucionalidad del decreto 591 firmado por Mauricio Macri modificando la
ley de Residuos Peligrosos permitiendo ingresar materiales sin certificado de
inocuidad y librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de
basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
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