Tras los casos de exceso de sodio en el suministro de Gonnet y Villa Castells, en el Concejo Deliberante solicitan que la empresa exima del pago de tarifas a los damnificados. Las irregularidades se extienden a otras zonas de La Plata y la Provincia. Crece el reclamo para que la compañía “se retire de la región”
”El agua está contaminada. Al llenar un vaso, se deposita un residuo marrón. Y no tenemos a quién recurrir”, dice Marta, vecina de Villa Elvira. “Mire, ¿a usted le parece que podemos tomar esto?”, agrega, mientras debajo de la canilla coloca una botella transparente que no tarda en oscurecerse con el líquido turbio. En tanto, con la otra mano muestra una factura de la empresa Aguas Bonaerenses SA, fechada en septiembre: “$1.070 por esto”, se indigna, agitando la botella.
De reclamos como este se hace eco el Concejo Deliberante local para reclamarle a la empresa que “invierta” y que “exima del pago de tarifas” a los usuarios afectados por la “pésima calidad” del servicio.
La “punta de un iceberg”
El testimonio de Marta no es aislado ni excepcional. Se enmarca en una deficiencia estructural de larga data en el suministro de la empresa provincial, donde la ausencia de obras se hace visible, por ejemplo, en las pérdidas que a diario inundan las calles de la ciudad, en la poca presión domiciliaria y en situaciones que, incluso, atentan contra la salud de los vecinos.
En los últimos días, cobró relevancia lo sucedido en zonas de Gonnet y Villa Castells, apenas las “puntas de un iceberg” irregular que Hoy ha denunciado en reiteradas ediciones. Allí se comprobó que quienes viven entre las calles 487 a 496, entre 15 y 2; y desde 2 a Camino Centenario, entre 505 y 489, no cuentan con agua potable apta para consumo humano, algo reconocido por la propia compañía, al admitir que los valores de “cloruro” y “sólidos totales” registrados en el suministro exceden los límites establecidos por la normativa.
“El agua era intomable, como si hubieran vaciado un salero en la red”, ilustró María, una de las tantas afectadas de esas zonas.
En efecto, los análisis al agua arrojaron que los niveles de cloruro llegan a triplicar el límite de 250 mg/l establecido, e incluso el tope mayor de 350 mg/l que contempla el Código Alimentario Argentino en su artículo 982. En relación al sodio, los valores también superan ampliamente el límite permitido de 200 mg/l, mientras que los sólidos totales, que debieran tener un límite máximo de 1.500 mg/l, alcanzan los 2.240 mg/l, dejando a los usuarios expuestos a males como hipertensión y cálculos renales.
Un reclamo que llegó a la Justicia
Esto motivó que, tal como informó Hoy, el juzgado de Defensa del Consumidor municipal obligara a la firma y al Estado provincial a distribuir bidones de agua a los damnificados, como así también a realizar las obras necesarias para garantizar la potabilidad del suministro. La medida, incluso, pasó a la Justicia penal, al encuadrarse el hecho como “delitos contra la salud pública”. Así fue que el Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata, a cargo del juez Dante Rusconi, ratificó que ABSA debería proveer bidones a particulares y distintas instituciones damnificadas, “hasta tanto no efectúe la necesaria inversión para garantizar las buenas condiciones del suministro”.
Pero Gonnet y Villa Castells aparecen como los últimos botones de muestra de una problemática más amplia, que se extiende a la región (denuncias provenientes del casco urbano, Los Hornos y Villa Elisa, por solo citar algunos casos de una lista inagotable, se multiplican sesión tras sesión en el Concejo Deliberante y en nuestra redacción) y al resto de la Provincia (ver aparte).
En todos los casos, el patrón común se reitera: falta de planificación en el desarrollo de la red de agua potable, roturas, pérdidas y la grave confirmación del último tiempo: que el suministro que reciben los platenses no es apto para el consumo humano, y que las altas tarifas que pagan los vecinos no les garantizan un buen servicio. Ni siquiera una buena salud.
Aumentos turbios
Los vecinos “no solo se ven afectados por un servicio deficiente que perjudica su bienestar, no solo están expuestos a graves daños sino que, encima, les obligan a pagar más de mil pesos por un agua que ni siquiera pueden usar”, sentenció la concejal del Frente para la Victoria Nacional y Popular (FpV NyP), en referencia al tarifazo de entre el 100% y el 500% que, autorización del gobierno bonaerense mediante, ABSA aplicó en mayo pasado, desoyendo un fallo de la Justicia platense, que determinó que la prestataria debía devolver a los usuarios el dinero cobrado ilegalmente en 2012, a partir de un aumento tarifario del 180% y por el que la Corte Suprema de la Nación obligó a la Provincia a devolver unos $1.800 millones.
Ante esa decisión, que, como advierten ediles y consumidores, no se traduce en un eficiente plan de obras, es que Saintout presentó un pedido para que la empresa, “de manera urgente”, exima del pago de la tarifa a los vecinos de Gonnet y Villa
Castells.
En un sentido similar, el referente del GEN, Gastón Crespo, solicitó que se “deje sin efecto los aumentos de las tarifas aplicados en el último año a los vecinos” de Gonnet, “perjudicados por la inoperancia, incapacidad y desidia de la empresa”, a la vez que exigió que la prestataria de los servicios sanitarios “solucione con celeridad los inconvenientes generados”.
A su vez, para Crespo los análisis del agua no deben limitarse a Gonnet o Villa Castells, sino que tiene que replicarse en los demás barrios de la ciudad: “El Organismo de Control de Agua de la Provincia de Buenos Aires (Ocaba) no realiza los controles necesarios para garantizar que el agua suministrada de ABSA llegue en condiciones de ser tomada por los vecinos”, aseveró, por lo que creyó “necesario conocer si la situación (de agua contaminada y con altos niveles de sodio) se repite en otras zonas”.
En tanto, el edil volvió sobre un reclamo que hace ya tiempo crece como una bola de nieve: “Que ABSA se retire de la región y que el Municipio, junto con las comunas de la zona, encare la conformación de un ente que pueda hacerse cargo del abastecimiento regional del agua”.
Un drama provincial
En diciembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los vecinos de 9 de Julio afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua potable, y expuestos a lesiones cancerígenas.
Como en La Plata, se obligó a ABSA a suministrar bidones hasta tanto realizara las inversiones que no había hecho. Tras la medida judicial, los habitantes de otros distritos afectados por la alta presencia de arsénico en el agua iniciaron amparos colectivos y, así, los reclamos se multiplicaron en Bahía Blanca, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos, entre otras comunas.