Ante varias publicaciones de los últimos días, donde se menciona mi nombre en un supuesto listado para ocupar el cargo de Defensor Ciudadano, quisiera aclarar algunas cuestiones en referencia a la misma.
En primer lugar he recibido propuestas de prestigiosas Instituciones que verían con agrado ser ellos quienes avalen mi postulación, haciendo una valoración de mi trayectoria y proponiéndome para ese espacio. Desde ya dejo mi agradecimiento a todos los representantes, pero tal cual les comunique nunca pretendí ocupar ese cargo.
En segundo lugar, una explicación un poco más profunda de que es lo que pienso de esos Institutos, creados, según mi visión, no para garantizar los derechos de los habitantes ante abusos de corporaciones o del mismo poder político, sino más bien para abrir canales de contención que no perjudiquen al gobierno de turno. Este ha sido mi pensamiento desde siempre. El Defensor Ciudadano se elige en una mesa representada y “pulseada” entre la mayoría de votos del Concejo Deliberante de la Ciudad. Creo que en tanto y en cuanto esa elección no sea producto de una reglamentación clara en selección, postulación y votación democrática, de poco sirve ese espacio. Tal vez cubra algunas necesidades de quienes se postulan, pero que no es claramente mi caso.
Podría dar ejemplos al respecto: la creación de la Oficina Anticorrupción (OA) oficialmente Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Organismo Nacional), creada para observar a los funcionarios y no para defenderlos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presenta el freno contra las tarifas de luz la cual es desestimada por la Corte Suprema por “carecer de legitimación” para representar los derechos de los usuarios. Mas en un plano local la famosa banca 25 que solo fue y será ocupada por reclamos que cualquier concejal pudiera realizar, se otorga ese espacio solo para realizar una clara maniobra de carácter defensivo de la gestión gobernante