Luego de que la Corte Suprema habilitara el desalojo de las familias que viven en los terrenos de 122 entre 613 y 614, de La Plata, la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de esta ciudad, Ana Logar, dictó una medida cautelar por la que exige que el Gobierno provincial o el municipal den una pronta solución para evitar que más de 200 personas, entre ellas muchos menores, queden en la calle.
La UNLP brindó su apoyo a las 200 personas afectadas a través de la Comisión de Tierra y Vivienda del Consejo Social.
El abogado que representa a las familias, Pedro Sisti, explicó a AgePeBA que “la jueza le ordenó a la Provincia y al Municipio que se presenten en la causa penal y garanticen los derechos de la gente, en el sentido de que si los desalojan, tengan a donde ir. Además, deben estar presentes funcionarios estatales cuando se realice el desalojo, para que no existan excesos”.
“Creo que Logar vio la urgencia de la situación porque el jueves presentamos la demanda y la medida cautelar salió en las últimas horas”, continuó.
La presentación fue hecha por el colectivo de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, Berisso y Ensenada, solicitando una medida cautelar que les devuelva las esperanzas a las familias de no quedar en situación de calle.
“También nos presentamos en el fuero penal, para que se tome a los vecinos como víctimas del engaño que sufrieron y para intentar llegar a un acuerdo con el titular del inmueble. Los vecinos pensaron que habían comprado, no es gente que usurpó las tierras especulando, por eso están dispuestos a negociar una salida”, agregó Sisti.
El juzgado penal que ordenó en primera instancia el desalojo deberá tener en cuenta, además, las recomendaciones del máximo tribunal bonaerense que, más allá de no frenar el desalojo, hizo mención al estado de vulnerabilidad que atraviesan los vecinos afectados.
Por otro lado, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) brindó su ayuda a los damnificados a través de la Comisión de Tierra y Vivienda del Consejo Social, que se reunió con funcionarios del orden provincial y nacional para determinar los posibles pasos a seguir en caso de que la orden de desalojo se concrete el miércoles.
“Intentaremos que no los desalojen en lo inmediato o continuar viendo otro tipo de salida como la compra del lugar y que los vecinos puedan comprarlo después”, adelantó el abogado.
Por lo pronto, la Provincia será notificada el próximo lunes y tendrá la obligación de determinar una pronta solución habitacional.
“Hasta ahora no hubo un apoyo institucional fuerte de la Provincia, ni tampoco del municipio. Desde la comuna ni siquiera se presentaron a dialogar con los vecinos al Consejo Social de la UNLP como sí lo hicieron desde Provincia y Nación”, concluyó el letrado.