Las usurpaciones de terrenos no tienen freno en la Región. Cada vez se dan más casos de parcelas ocupadas ilegalmente. Ya no hay terrenos fiscales en La Plata. Desde hace años. Los pocos que quedaban fueron entregados u ocupados. Pero sin embargo las usurpaciones siguen existiendo, y también los 'vivos' que intentan sacar un rédito político de la necesidad de la gente, informó El Día del domingo 20 de julio.
“La Ciudad creció sin planificación, y ahora hay que enfrentar las consecuencias". La reflexión, formulada desde el área de Tierras del municipio, pone en blanco sobre negro los alcances de un problema recurrente, que volvió a instalarse bajo el escrutinio público durante la semana que pasó con la conflictiva usurpación -y posterior desalojo por vía judicial- de un campo en barrio Aeropuerto. Según el matutino local, desde la dirección municipal de Tierra y Vivienda se reconoce la magnitud del problema, y se asegura que "estamos al tanto de lo que pasa; vamos a estudiar todos los casos que se presenten, y por supuesto trataremos de darles una respuesta; si no definitiva al menos en cuanto a contención y a encauzar las inquietudes, porque no alentamos ni avalamos las ocupaciones". Los voceros precisan que "terrenos fiscales disponibles no hay, más o menos, desde 1992". Y hablan de atacar el problema desde varios frentes: "por un lado lanzamos el Programa Municipal de Regularización Dominial, y una vez por semana estamos saliendo por los barrios para dar marco legal a las situaciones ya consolidadas de hecho, ligadas a la gente que está asentada desde hace mucho tiempo. Por el otro, estamos gestionando la reactivación y el relanzamiento de los planes federales de vivienda". Las usurpaciones más recientes son de origen local. En muchos casos, protagonizadas por personas que ya viven en terrenos tomados durante los últimos cinco a diez años -el período más virulento de las usurpaciones-, y nunca desalojados. Ante el crecimiento de las familias, buscan nuevos horizontes con la misma modalidad. En el ámbito comunal se cree que "cada situación de toma debe analizarse minuciosamente, porque existen matices; hay veces en que se intenta generar un hecho político a partir de la necesidad -como cuando llegan camiones desde el Conurbano con claros `líderes' de la movida-, y otras en que algún `vivo' ofrece tierras que no le pertenecen. Esto no le sirve a nadie; obviamente no a los propietarios, tampoco al Estado ni a la misma gente, que se termina metiendo en terrenos bajísimos, que se inundan con dos gotas".Las normas vigentes, se considera que una o más personas incurren en el delito contra la propiedad inmueble definido como "usurpación" cuando "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojaren a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él; sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".En este contexto, la usurpación se define como un delito de acción pública, por lo que cualquiera -no sólo los propietarios de los terrenos ocupados- puede poner en marcha la maquinaria judicial por medio de una denuncia. A partir de ese momento, se inicia un trámite que, trátese del ámbito civil o el penal, en la mayoría de los casos es tortuoso y prolongado. Sin embargo, es en el fuero civil y ante los juzgados de Garantías que los propietarios tienen mayores posibilidades de lograr medidas expeditivas en el corto plazo.
“La Ciudad creció sin planificación, y ahora hay que enfrentar las consecuencias". La reflexión, formulada desde el área de Tierras del municipio, pone en blanco sobre negro los alcances de un problema recurrente, que volvió a instalarse bajo el escrutinio público durante la semana que pasó con la conflictiva usurpación -y posterior desalojo por vía judicial- de un campo en barrio Aeropuerto. Según el matutino local, desde la dirección municipal de Tierra y Vivienda se reconoce la magnitud del problema, y se asegura que "estamos al tanto de lo que pasa; vamos a estudiar todos los casos que se presenten, y por supuesto trataremos de darles una respuesta; si no definitiva al menos en cuanto a contención y a encauzar las inquietudes, porque no alentamos ni avalamos las ocupaciones". Los voceros precisan que "terrenos fiscales disponibles no hay, más o menos, desde 1992". Y hablan de atacar el problema desde varios frentes: "por un lado lanzamos el Programa Municipal de Regularización Dominial, y una vez por semana estamos saliendo por los barrios para dar marco legal a las situaciones ya consolidadas de hecho, ligadas a la gente que está asentada desde hace mucho tiempo. Por el otro, estamos gestionando la reactivación y el relanzamiento de los planes federales de vivienda". Las usurpaciones más recientes son de origen local. En muchos casos, protagonizadas por personas que ya viven en terrenos tomados durante los últimos cinco a diez años -el período más virulento de las usurpaciones-, y nunca desalojados. Ante el crecimiento de las familias, buscan nuevos horizontes con la misma modalidad. En el ámbito comunal se cree que "cada situación de toma debe analizarse minuciosamente, porque existen matices; hay veces en que se intenta generar un hecho político a partir de la necesidad -como cuando llegan camiones desde el Conurbano con claros `líderes' de la movida-, y otras en que algún `vivo' ofrece tierras que no le pertenecen. Esto no le sirve a nadie; obviamente no a los propietarios, tampoco al Estado ni a la misma gente, que se termina metiendo en terrenos bajísimos, que se inundan con dos gotas".Las normas vigentes, se considera que una o más personas incurren en el delito contra la propiedad inmueble definido como "usurpación" cuando "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojaren a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él; sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".En este contexto, la usurpación se define como un delito de acción pública, por lo que cualquiera -no sólo los propietarios de los terrenos ocupados- puede poner en marcha la maquinaria judicial por medio de una denuncia. A partir de ese momento, se inicia un trámite que, trátese del ámbito civil o el penal, en la mayoría de los casos es tortuoso y prolongado. Sin embargo, es en el fuero civil y ante los juzgados de Garantías que los propietarios tienen mayores posibilidades de lograr medidas expeditivas en el corto plazo.